Obtenida en el ejercicio del trabajo sindical y como miembros de los órganos de representación (Juntas de Personal, Comités de Empresa, Mesas Sindicales, etc.) debe ser extendida a todos los empleados públicos.

De las irregularidades en todos y cada uno de los ámbitos que el ordenamiento jurídico nos confiere, desde la efectuada ante los propios empleados públicos, ante las autoridades administrativas o ante los órganos jurisdiccionales pertinentes, según proceda.

En la gestión sindical, no solo ante los propios afiliados, sino también ante todos los empleados públicos, pues la honradez y el diálogo son esenciales en la actividad sindical.

De los derechos e intereses legítimos de los empleados públicos en todos los ámbitos y circunstancias (promoción y dignidad profesional, salarial, protección socio-laboral, etc.).