El Gobierno regula las Unidades de Igualdad en la Administración General del Estado.

El Gobierno regula las Unidades de Igualdad en la Administración General del Estado.

El Acuerdo establece la composición, adscripción orgánica, funciones y coordinación, tanto de las Unidades de Igualdad de los Ministerios, como de las que se creen en los Organismos Públicos dependientes de ellos.

Los puestos de trabajo de estas unidades estarán reservados a funcionarios y funcionarias de carrera, que recibirán una formación, apoyo y asesoramiento especializado por parte de instituciones como la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

Estas unidades estarán integradas en cada Ministerio, y entre otras cuestiones, se encargarán de recabar información sobre las políticas públicas y su impacto desde una perspectiva de igualdad de género, sobre la implementación del Protocolo frente al acoso sexual, y asesorar y proponer medidas en este sentido.

Ahora se ha regulado la composición, las funciones y la coordinación de estas Unidades de Igualdad, cuya coordinación recaerá en el Instituto de la Mujer.

En marzo de 2007, el Parlamento Español aprobó la LEY ORGÁNICA 3/2007 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Su objetivo es lograr que la igualdad formal, presente en nuestro ordenamiento jurídico, se convierta en igualdad real de oportunidades y trato para mujeres y hombres. Con este objetivo, la Ley establece que: “En todos los Ministerios se encomendará a uno de sus órganos directivos el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de las materias de su competencia” (Art.77).

La normativa actual (Real Decreto 259/2019, de 12 de abril) desarrolla sus competencias y pone en valor su importancia para hacer efectiva la transversalidad del principio de igualdad de género y oportunidades entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado (AGE).

El Acuerdo establece la composición, adscripción orgánica, funciones y coordinación, tanto de las Unidades de Igualdad de los Ministerios, como de las que se creen en los Organismos Públicos dependientes de ellos.

En coherencia con las funciones atribuidas a la Secretaría de Estado de Igualdad, a la Dirección General de la Función Pública y a la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres, el Real Decreto detalla las funciones de impulso, coordinación técnica y apoyo que les corresponde realizar en relación con las Unidades de Igualdad. La coordinación de las unidades recaerá en el Instituto de la Mujer.

El Real Decreto señala también que los puestos de trabajo de las Unidades están reservados a funcionarios de carrera, que recibirán formación, apoyo y asesoramiento especializado, la Dirección General de la Función Pública, el Instituto Nacional de Administración Pública, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género se ocuparán de la formación especializada. Dispondrán asimismo de una aplicación informática creada a tal efecto para la coordinación de las Unidades.

UNIDADES DE IGUALDAD DE GENERO AGE

Las claves de la nueva Resolución de Función Pública

Las Unidades de Igualdad de los Ministerios se crearon en el año 2007 por la Ley Orgánica de Igualdad, con la finalidad de aplicar, transversalmente, el principio de igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado. Las Unidades de Igualdad se integrarán en la estructura orgánica de cada departamento ministerial, y quedarán adscritas a la Subsecretaría o a alguno de sus órganos directivos dependientes.

Funciones:

  1. Recabar la información de las políticas públicas de su departamento ministerial para conocer su impacto desde la perspectiva de igualdad de género.
  2. Asesorar y proponer, en sus respectivos ámbitos, las actuaciones o iniciativas, incluidas las formativas, que favorezcan la aplicación del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
  3. Asesorar a los órganos competentes del departamento ministerial en la elaboración del análisis sobre el impacto por razón de género de las normas y los planes de especial relevancia y, en especial, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
  4. Asesorar y coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación de los Planes de Igualdad entre mujeres y hombres de la Administración General del Estado en sus respectivos departamentos ministeriales, así como participar en la Comisión Técnica de Igualdad de Oportunidades y Trato de Mujeres y Hombres de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado y en sus grupos de trabajo.
  5. Elaborar los diagnósticos, propuestas e informes que sean necesarios y que deriven de los acuerdos adoptados por la Comisión Técnica de Igualdad, que fueran requeridos por la Dirección General de la Función Pública.
  6. Coordinar la recopilación de información para la elaboración, seguimiento y evaluación de los planes directivos o estratégicos de igualdad en su respectivo departamento ministerial.
  7. Recabar la información sobre la implementación del Protocolo frente al Acoso Sexual y al Acoso por Razón de Sexo en sus respectivos departamentos ministeriales, así como desarrollar las actuaciones que se les asignen en dicho protocolo.
  8. Realizar otras funciones de asesoramiento, informe y seguimiento que le sean asignadas en relación con el principio de igualdad de trato y de oportunidades en general.
  9. Realizar un informe anual sobre las políticas públicas de igualdad llevadas a cabo por su departamento ministerial y así como sobre las actuaciones desarrolladas por la Unidad.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5569.pdf



Reglas aplicables para la concesión de traslados a los funcionarios y funcionarias 2019

Con fecha 4 de abril de 2019, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan las reglas aplicables para la concesión de traslados a los funcionarios y funcionarias de carrera de la Administración General del Estado por razones de discapacidad sobrevenida o de agravación del grado de discapacidad, así como por motivos de salud y posibilidades de rehabilitación de los funcionarios y funcionarias de carrera, sus cónyuges o los hijos e hijas a su cargo.

El contenido de esta Resolución será de aplicación al personal funcionario de carrera de la Administración General del Estado y de los Organismos Públicos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado (AGE).

El procedimiento se iniciará a solicitud de la persona interesada, para lo que podrá utilizar el modelo de solicitud anejo a esta resolución.

La solicitud expondrá los motivos que justifican la necesidad de traslado a juicio de la persona solicitante. En todos los casos, las circunstancias que pueden justificar una petición de traslado por motivos de salud, rehabilitación o discapacidad sobrevenida o agravada, han de referirse a aspectos médicos de especial consideración o gravedad.

El plazo máximo para dictar resolución será de tres meses, “salvo” que para llevar a efecto la movilidad, sea necesaria la creación, modificación o desconcentración de un puesto, en cuyo caso el plazo de resolución podrá alcanzar los seis meses.

Si el traslado “no implica cambio de residencia” de la persona solicitante, el cese y la toma de posesión deberán producirse en el plazo de tres días hábiles desde la notificación de la Resolución de traslado a la persona solicitante; “si implica cambio de residencia” acreditado, este plazo será de un mes.

El puesto adjudicado, tendrá carácter irrenunciable, la solicitud de este traslado implica la aceptación por parte de la persona solicitante de un puesto de nivel de complemento de destino y específico iguales o inferiores a los del puesto que tiene con carácter definitivo o a aquel que ocupa en adscripción provisional y en la localidad que la Administración determine a la vista de las condiciones geofísicas o medioambientales señaladas en el informe médico oficial aportado por la persona solicitante o del listado de centros de rehabilitación aportado por la Entidad Gestora de la Seguridad Social que corresponda.

El puesto de trabajo asignado lo será con carácter definitivo cuando se ocupara con tal carácter el puesto de origen.

Los funcionarios y las funcionarias con destino definitivo que obtengan puesto por este procedimiento deberán permanecer en el puesto de trabajo asignado un mínimo de dos años, “salvo” en los supuestos del artículo 41.2 del Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Los aspectos más reseñables respecto a esta nueva Resolución son:

  • El procedimiento se iniciará a solicitud del funcionario interesado, utilizando el modelo de solicitud “oficial”.
  • Solo lo para los funcionarios de “carrera” que ocupen un puesto, ya sea con carácter definitivo o provisional.
  • Si el funcionario/a solicitante se encuentra ocupando puesto en “comisión de servicios”, si la solicitud de traslado por motivos de salud se basara en el perjuicio que sobre la salud del interesado ocasiona el desempeño del puesto que efectivamente ocupa, deberá reincorporarse a su puesto de reserva y se dará por finalizado el expediente de traslado por motivos de salud con la revocación de la comisión de servicios.
  • Si el traslado requiriera un “cambio de localidad”, el informe médico habrá de indicar expresamente que tanto la localidad en la que se encuentra ocupando el puesto con carácter provisional como aquella en la que se encuentra su puesto definitivo, si fuera distinta de la anterior, resultan perjudiciales para la salud de la persona solicitante, su cónyuge o los hijos o las hijas a su cargo, en los términos que se han señalado con anterioridad.
  • Por razones de salud o rehabilitación, ya sea del propio funcionario, de su cónyuge, o de cualquiera de los hijos/as a su cargo.
  • Se podrá solicitar cuando exista una discapacidad igual o superior al 33%, o se haya producido un incremento en el grado de discapacidad que ya se tuviera reconocido. Estamos por tanto ante una discapacidad “sobrevenida” o “agravada”.
  • El reconocimiento o incremento del grado de discapacidad ha de haberse producido con posterioridad a la incorporación al puesto que vienen ocupando, ya sea con carácter definitivo o provisional.
  • Cuando sea necesario un cambio de puesto de trabajo y se desee obtener el traslado a distinta unidad administrativa o a otra localidad.
  • La localidad de cambio de destino será aquella que cumpla con los requisitos señalados en el certificado médico correspondiente. No procederá, ni serán tenidas en cuenta las posibles meras recomendaciones o consejos relativos a la procedencia de traslado a una localidad o provincia concretas.
  • Las circunstancias que pueden justificar la petición de traslado han de referirse a “aspectos médicos” de especial consideración o gravedad.
  • Se deberá inadmitir a trámite aquellas solicitudes que no vengan motivadas por el perjuicio que ocasiona en la salud de la persona solicitante el desempeño de su puesto o la incidencia negativa de la localidad en que se encuentra destinado el interesado en su estado de salud, debido a las condiciones geofísicas o medioambientales de ésta.
  • Es necesaria la convivencia en la misma localidad, cuando se solicite por motivos que afecten al cónyuge o hijos/as a su cargo.
  • Se exige Certificado Médico Oficial, donde vendrá reflejada la localidad que conjugue la mejoría de la salud y las necesidades de la Administración.
  • Certificado Médico Oficial tendrá que señalar las condiciones geofísicas y medioambientales necesarias para la mejoría o recuperación.
  • Será necesario el Informe Médico del Servicio de Prevención del puesto de origen, así como del puesto donde se produzca el traslado.
  • En situación de incapacidad temporal (IT), no se admitirá  a trámite la solicitud hasta que se produzca el alta médica.
  • Cuando la solicitud de traslado se base en la incidencia negativa del puesto de trabajo en el estado de salud del funcionario o de la funcionaria, y esta persona se encuentre en situación de incapacidad temporal, no se admitirá a trámite dicha solicitud hasta que se produzca el “alta médica”, fecha en la que será posible la valoración de su aptitud para el desempeño del puesto por parte de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, dictándose en este caso, la correspondiente resolución de inadmisión a trámite por el órgano competente para iniciar la tramitación del procedimiento.
  • Si una vez iniciado el procedimiento, a la persona solicitante le “sobreviniera” una situación de incapacidad temporal, el procedimiento quedará en suspenso durante los 10 primeros días de esta situación. Superados esos 10 días se procederá al archivo del procedimiento, dictándose la correspondiente Resolución al efecto, que pondrá fin al mismo, pudiendo el funcionario o funcionaria solicitarlo de nuevo, en caso de que fuera necesario, una vez se produzca el alta médica.
  • Inadmisión de solicitudes si no se motivan los perjuicios que ocasionan en la salud el desempeño del puesto o la incidencia negativa de la localidad, debido a condiciones geofísicas o medioambientales.
  • El puesto de trabajo asignado lo será con carácter definitivo cuando se ocupara con tal carácter el puesto de origen.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/04/pdfs/BOE-A-2019-5010.pdf

PENSIONES de JUBILACIÓN por EDAD para CLASES PASIVAS (Funcionarios del Grupo A1)

Cuantías 2019 de las PENSIONES de JUBILACIÓN por EDAD para CLASES PASIVAS (Funcionarios del Grupo A1)

Read More

Tags, , , , ,

PENSIONES de JUBILACIÓN por EDAD para CLASES PASIVAS (Funcionarios del Grupo A2)

Cuantías 2019 de las PENSIONES de JUBILACIÓN por EDAD para CLASES PASIVAS (Funcionarios del Grupo A2)

Read More

Tags, , , , ,